Una vez culminada la redacción de “El bluf de la eficiencia energética en España”, el Gobierno en funciones, ante las amenazas de la Comisión Europea por la no trasposición de las directivas comunitarias sobre eficiencia energética, se ha visto obligado a la publicación del “Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012”.
Regulación Inane
Estamos ante una regulación absolutamente inane. Se centra en cuestiones burocráticas del sistema: auditorías, auditores, sanciones,…, pero no contiene una sola disposición que tenga como consecuencia la promoción de la eficiencia energética. No solo eso, es que las auditorías a las que se refiere afectan exclusivamente a poco más del 0,1% de las empresas españolas de acuerdo con el Directorio Central de Empresas DIRCE; tampoco aborda aspectos cruciales del modelo energético como las renovables o el autoconsumo.
El Real Decreto 56/2016, confirma plenamente la idea central que planteamos en nuestro libro: la eficiencia energética que los sucesivos gobiernos nos venden en España es un bluf sin paliativos. No hay más que compararlo con la Directiva comunitaria de referencia.
En el statu quo energético español, la gestión de temas como la concepción del recibo eléctrico, el autoconsumo, e incluso las soluciones a la pobreza energética, siempre están orientadas contra la eficiencia.
Regulación confusa
Tratan sistemáticamente de confundir al consumidor con las subidas o bajadas en la factura. Resulta fácil e inmediato porque el consumidor común no tiene por qué entender cómo se cocina este precio. Pero el coste en términos absolutos de la factura no tiene que ver con la eficiencia. Eficiencia significa primar el menor consumo y penalizar el mayor consumo.
Durante la crisis, se ha apreciado nítidamente el defecto del sistema. El descenso del consumo no se ha visto acompañado por un descenso equivalente de la factura. Tampoco la bajada del petróleo en origen se ha visto trasladada en la misma proporción a las gasolineras.
La justificación de que hay que sufragar los costes e infraestructuras del sistema trata de ocultar que existen soluciones compatibles con la eficiencia. Solo hay que re-enfocar el sistema desde otra perspectiva. Entonces, si existen soluciones fiscales al problema, ¿a quienes perjudica una política orientada a la eficiencia?
El problema de fondo es la inercia de todo el sistema público-privado a mantener la recaudación-facturación mediante procedimientos contrastados por la costumbre. Pero para progresar hay que cambiar. Los beneficios de todo orden que ofrece la eficiencia energética justifica ese cambio de modelo.
El hecho es que, aunque no exista un lobby anti-eficiencia como tal, los rectores del sistema energético español actuán como si fueran miembros honorarios del mismo. Su contumacia obliga a repasar cuestiones básicas comúnmente aceptadas en sistemas más desarrollados y a preguntarnos ¿qué modelo queremos?